Hoy el gobierno ha aprobado la adjudicación de los nuevos canales de TDT, a propuesta del ministro de Industria José Manuel Soria.
Con ello el PP quiere dejar atado y bien atado el panorama televisivo antes de las elecciones por puro interés partidista.
El PP ha cocinado la estrategia audiovisual y la concesión de los canales en plena precampaña y a dos meses de las elecciones, lo que evidencia una intencionalidad y una actitud claramente antidemocrática, partidista, sectaria y monolítica por parte del Gobierno, que a pesar de haber dispuesto de varios años ha acondicionado su decisión al calendario electoral, tanto para iniciar el concurso como para fallarlo, en plena campaña electoral y a tan solo dos meses de las elecciones.
Esta autorización adolece de graves deficiencias, que lo deslegitiman por varias razones. Desde su convocatoria este proceso se produce en base a la sustracción y reducción de la oferta del servicio público de radiotelevisión.
Es además contraria a diversas directivas, al Tratado de la Unión Europea, a la Ley General Audiovisual y va contra las propias bases del concurso, que abogan por la competencia y el pluralismo, al tiempo que ha denunciado el que no exista ningún informe previo de una autoridad reguladora como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Rajoy culpó a las televisiones de su batacazo electoral de mayo y ahora intenta acallar a las televisiones y amenaza a los medios de comunicación que lo denuncian, como ha hecho en los últimos días el ministro de Industria. Pero esto no les va a servir de nada, porque su problema no son las televisiones, sino la corrupción que envuelve al Partido Popular, sus retrocesos en derechos y libertades y sus malas políticas.
La política audiovisual de Rajoy y del PP no se hace pensando en la pluralidad, en los intereses comunes y en el derecho a la información veraz de la ciudadanía. Miran solo por sus intereses partidistas y electorales, y prueba de ello es lo que vienen haciendo toda esta legislatura con la manipulación de RTVE y otras televisiones públicas autonómicas, lo que es muy grave en un Estado de derecho y en un país democrático. Antepone el amiguismo, incluso, a la preparación técnica de algunas de las ofertas que han obtenido un canal, ya que a duras penas reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria.
Las únicas televisiones privadas que realmente se han consolidado en nuestro país son las que se concedieron en la etapa socialista, y la diferencia abismal que hay entre el PSOE y el PP en cuanto a calidad democrática y a respeto a la pluralidad.